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El Gobierno conservador francés, apoyado en la
abrumadora mayoría parlamentaria conseguida hace un mes,
está pasando velozmente de las ideas a los hechos en su
concepción de la seguridad ciudadana, eje de la campaña
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electoral del presidente Chirac. Y lo está haciendo
preocupantemente, a juzgar sobre todo por el visto bueno del
Consejo de Ministros al proyecto de reforma de la justicia
que prevé, entre otras medidas, el encarcelamiento de
menores delincuentes de 13 a 16 años de edad si se escapan
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de los nuevos centros de reeducación.
El Ejecutivo esgrime encuestas que muestran que la
gran mayoría de los ciudadanos favorece tanto estos centros
cerrados como los llamados jueces de proximidad, no
profesionales que en número superior a 3.000 recibirán
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competencias para entender de pequeños delitos y también
para decidir la suerte de los adolescentes. Ambas medidas no
sólo han sido criticadas por la oposición de izquierda, la
judicatura y los medios más liberales. La comisión
independiente sobre derechos humanos que asesora al jefe del
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Gobierno considera una regresión el talante represivo de la
modificación del derecho penal de menores.
Chirac y su primer ministro Raffarin han decidido
hacer de la seguridad el centro de su mandato. Para que no
quepa duda, la Asamblea Nacional ha aprobado en primera
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lectura, con la oposición socialista dividida, el proyecto de
ley que dota de medios financieros sin precedentes a la
gendarmería y la policía para su reorganización y ampliación.
En otoño, una batería de medidas complementarias incidirá
sobre aspectos como la mendicidad, la prostitución o nuevos
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ficheros sobre quienes no pueden comprar o tener armas.
El presidente francés y los partidos que le sostienen
deben a sus promesas de dureza en cuestiones de orden
público una buena parte de los votos obtenidos en los
comicios presidenciales y legislativos, pero el derecho
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incuestionable del Gobierno a dotar al país de los medios
necesarios en materia de justicia y policía para defender sus
compromisos electorales no debe ejercerse a costa de hacer
retroceder el sistema legal a épocas felizmente abandonadas.
El predominio de medios represivos para corregir situaciones
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preocupantes, sin bucear en sus causas reales, es un error
impropio de un régimen de libertades tan consolidado como
el francés.
El País, 20/7/2002 (adaptado).